La protección del suelo se ha convertido en una prioridad estratégica dentro de las políticas ambientales tanto nacionales como europeas. En España, el marco legal vigente exige a las empresas que desarrollan determinadas actividades una gestión rigurosa del riesgo de contaminación del suelo, no solo como medida preventiva, sino también como obligación jurídica.
Ya no se trata únicamente de evitar impactos ambientales, sino de cumplir con normativas cada vez más exigentes, que buscan garantizar la trazabilidad, el control y, en su caso, la recuperación de los suelos afectados. Conocer si una actividad está considerada como potencialmente contaminadora del suelo (APC), entender las obligaciones documentales asociadas o aplicar correctamente los niveles genéricos de referencia (NGR) son elementos clave para asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.
En este artículo te explicamos qué es la contaminación de suelos, qué exige la legislación vigente, cuáles son las obligaciones de las empresas que desarrollan APC y qué novedades ha traído la Ley 7/2022 para una economía circular. Todo lo que necesitas saber para gestionar adecuadamente los riesgos y comprometerte con la sostenibilidad desde el cumplimiento legal.
¿Qué es la contaminación de suelos?
La contaminación de suelos se refiere a la presencia de sustancias químicas peligrosas o residuos en el terreno que alteran sus propiedades naturales, comprometiendo su calidad y afectando tanto al medio ambiente como a la salud humana. Esta contaminación puede ser el resultado de actividades industriales, agrícolas, de almacenamiento o gestión inadecuada de productos peligrosos, y se considera un riesgo especialmente cuando dichas sustancias llegan a filtrarse hasta las aguas subterráneas.
En términos legales, un suelo se considera contaminado cuando supera los niveles genéricos de referencia (NGR) establecidos por la normativa vigente, como el Real Decreto 9/2005, que define los límites y criterios para evaluar esta situación. La legislación española establece además obligaciones específicas para las empresas cuya actividad entra dentro de las denominadas Actividades Potencialmente Contaminadoras del Suelo (APC), con el fin de prevenir la contaminación, identificar responsabilidades y garantizar la recuperación del terreno afectado.
En definitiva, la contaminación del suelo no es solo una cuestión ambiental, sino también un aspecto legal que obliga a las empresas a actuar con responsabilidad, control y transparencia para evitar daños y cumplir con la normativa en vigor.
Normativa vigente referente a la contaminación de suelos
En el ámbito estatal y autonómico, la protección del suelo está regulada principalmente en relación con la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados. La norma en España es el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Por otro lado, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dedica su Título VIII a los suelos contaminados, estableciendo algunas regulaciones específicas relacionadas con lo ya regulado en el Real Decreto 9/2005.
Actividades potencialmente contaminadoras del suelo: ¿Cómo saber si tu actividad está incluida?
Las Actividades Potencialmente Contaminadoras del Suelo (APC) son aquellas que, por su naturaleza, implican un riesgo para el suelo. Esto puede deberse al uso o gestión de sustancias peligrosas, o bien a la generación de residuos durante su operación.
El Real Decreto 9/2005 es la norma de referencia que establece qué actividades se consideran APC. Según este, algunas causas de la contaminación de suelos pueden ser las siguientes:
- Las actividades recogidas en el Anexo I del RD 9/2005, como la fabricación de productos farmacéuticos o la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
- Aquellas que producen, utilizan o almacenan más de 10 toneladas al año de una o varias sustancias peligrosas.
- Las actividades que cuentan con almacenamiento de combustible para uso propio, conforme al RD 523/1999, siempre que el consumo medio anual supere los 300.000 litros y el volumen total de almacenamiento sea igual o superior a 50.000 litros.
Además, para evaluar si un suelo está contaminado, se aplican los Niveles Genéricos de Referencia (NGR). Estos se encuentran definidos en los Anexos V y VI del mismo Real Decreto. Corresponde a las comunidades autónomas establecer cuáles de estos niveles son aplicables en cada caso, teniendo en cuenta el uso actual y futuro del suelo.
Contar con un conocimiento claro de si tu actividad está considerada como APC y cómo puede verse afectada por esta regulación es fundamental para mantener el cumplimiento normativo y prevenir posibles responsabilidades ambientales.
Suelos contaminados ¿Qué novedades introduce la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular?
En el Título VIII de la Ley, se incorpora una regulación detallada sobre los suelos contaminados, un aspecto clave en materia de protección ambiental.
Este apartado establece las obligaciones y procedimientos relacionados con:
- Las actividades potencialmente contaminantes del suelo (APC).
- El procedimiento para declarar un suelo como contaminado.
- La creación y actualización de inventarios autonómicos y estatal con estas declaraciones.
- La identificación de los responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos afectados.
Una de las principales novedades es la incorporación del Inventario estatal de descontaminaciones voluntarias, que recopilará la información enviada por las comunidades autónomas sobre las acciones de recuperación y limpieza de suelos realizadas voluntariamente por empresas u otros actores responsables.
Este cambio legislativo refuerza la trazabilidad y la transparencia en la gestión de suelos contaminados, promoviendo tanto la vía convencional de descontaminación como las iniciativas voluntarias, que ahora contarán con reconocimiento oficial.
Desde una perspectiva de cumplimiento legal, es fundamental que las empresas que desarrollen actividades incluidas como APC evalúen su situación actual y se preparen para cumplir con las exigencias normativas. Mantener una gestión proactiva puede no solo evitar sanciones, sino también demostrar un firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
¿Cumples con la Gestión Documental del Suelo: Informe Base, IPS e ISp?
Por consiguiente, si gestionas una instalación industrial o llevas a cabo una actividad potencialmente contaminadora del suelo (APC) debes conocer y dar cumplimiento a las obligaciones documentales que se desarrollan en la normativa comentada.
Estas se pueden resumir en:
- Informe base o de situación de partida
Este documento técnico recoge el estado inicial del suelo y de las aguas subterráneas, y tiene como objetivo establecer una referencia que permita evaluar, al final de la vida útil de la instalación, si se ha producido una contaminación significativa.
- Aplicable a actividades sujetas a autorización ambiental integrada (AAI) conforme al anexo I del Real Decreto 1/2016.
- Debe presentarse antes de poner en marcha la actividad o cuando ésta sufra modificaciones sustanciales. También es obligatorio en el momento del cese definitivo.
- A partir de este informe se define una propuesta de control y seguimiento que establece la frecuencia con la que deberás llevar a cabo los análisis periódicos de suelos y aguas subterráneas durante toda la vida de la instalación.
- Informe Preliminar de Situación (IPS)
Su función es valorar de forma inicial si el suelo pudiera estar afectado por el uso o almacenamiento de sustancias peligrosas.
- Aplicable a Actividades potencialmente contaminadoras del suelo (APC), conforme el Real Decreto 9/2005.
- Debe presentarse en un plazo máximo de dos años desde que se obtiene la licencia o autorización ambiental.
- Informe de situación periódico (ISp)
Se utiliza para verificar que una actividad potencialmente contaminante no está generando impactos negativos sobre el suelo a lo largo del tiempo.
- Aplicable a Actividades potencialmente contaminadoras del suelo (APC), conforme el Real Decreto 9/2005.
- Debe presentarse cada 10 años respecto al último informe de situación (siempre y cuando no se establezca un plazo inferior en la autorización o licencia) o en el momento de la revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD).
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